No cabe duda de que las elecciones catalanas del otoño tienen un interés suplementario que va más allá del peso específico que tiene Cataluña en el conjunto del Estado. Pero no es esta la cuestión. El caso es que voy a descubrir el Mediterráneo si afirmo que el atractivo particular de la contienda radica en que, por primera vez desde las elecciones de 1980 -cuando el PSC, vencedor en los precedentes comicios generales, perdió las autonómicas-, existe la posibilidad de que no sea el señor Pujol el político triunfante. Y entonces, naturalmente, surge para el señor Maragall un argumento electoral añadido: el atractivo del cambio.
Desde luego, el turno en el ejercicio del poder es uno de los grandes argumentos de la democracia, y no hay que aportar al respecto ninguna cita de los grandes líderes del pensamiento político. Todos estamos de acuerdo, con lo que es normal que el talón de Aquiles de la coalición gobernante en Cataluña sea precisamente su perduración en el gobierno -evidentemente, fruto de sus éxitos electorales-, que ha dificultado el relevo en los cargos y ha propiciado una cierta patrimonialización del poder, con todos los riesgos que ello comporta. Pero, en el otro lado de la balanza, hay un hecho evidente también: este es un país poco aficionado a las mutaciones y si el nacionalismo que hemos venido en llamar moderado ha ganado todas las elecciones al Parlament de Catalunya, todas las generales han sido ganadas por el partido socialista, el cual, a su vez, ha ganado siempre las elecciones municipales en el ayuntamiento de Barcelona.
Evidentemente -y voy a descubrir un segundo Mediterráneo- existe en las elecciones autonómicas un dato particular que tener en cuenta: la abstención generada por un desinterés que podríamos calificar de específico. Es decir, el de aquellos sectores de la sociedad catalana, procedentes de la inmigración, que no se sienten estimulados por unos comicios que consideran ajenos.
Entonces, el razonamiento parecería claro: siendo así que no todo el nacionalismo catalán vota CiU -hay, evidentemente, el nacionalismo a la izquierda, incluidos sectores del partido socialista-, la coalición ahora gobernante dejará de ser la lista más votada a partir del momento en que aquel abstencionismo que he llamado específico haya dejado de ser significativo, hablando en términos electorales. Pero esto no es verdad.
Afortunadamente, al menos en Cataluña, las tres elecciones -generales, autonómicas, municipales- no son superponibles. El marco municipal es clarísimo y quizás el ejemplo más gráfico ha sido este año el de La Bisbal d'Empordà, población de alto tono nacionalista, donde el señor Romaguera, un independiente en la lista del PSC, después de demostrar durante cuatro años una notable competencia como alcalde, ha arrasado, borrando prácticamente del mapa las otras opciones. Y también es peculiar el marco autonómico. Es decir, un importante sector de la sociedad catalana, que en los comicios generales vota socialista, vota nacionalista en las elecciones autonómicas. La razón -tercer Mediterráneo- es obvia: el deseo de un mayor autogobierno es una realidad social, no ideológica. Y, entonces, surge el lastre de la relación, si no subordinación, al menos dependencia, que tiene el PSC con un partido estatal cuyo pensamiento, hasta ahora al menos -ahí está, perenne, el recuerdo de la Loapa, con cuatro ministros socialistas catalanes en el gobierno-, ha sido fundamentalmente jacobino. Esta deber ser, en buena parte, la razón de los equilibrios -políticamente acertados- del señor Maragall para difuminar su militancia. Pero este es sólo un aspecto de la cuestión. Es decir, es posible que, al final, ni la argumentación del señor Pujol sea suficiente si se envuelve sólo en las cuatro barras y se limita a la petición de más competencias -que, evidentemente, toca-, ni la del señor Maragall vaya a serlo si se basa sólo en el señuelo del cambio. Y este es el fondo del problema.
El señor Pujol tendrá que explicar a la gente que realmente está dispuesto a dar un nuevo ritmo a su acción interna de gobierno, con la autocrítica a fondo de la gestión actual. Y con dos aspectos que, para mí, habrían de ser punto de referencia: la elaboración de una ley electoral que acerque de verdad -en detrimento de las grandes cúpulas de los partidos- la política al ciudadano y la división territorial de Cataluña. Porque, en este último aspecto, no nos engañemos, vivimos en Cataluña la paradoja de un centralismo barcelonés feroz, que se exhibe descaradamente, por ejemplo, en el mapa de las grandes estructuras. Como muestra, circulen ustedes por las estrechas, sinuosas, anticuadas, carreteras de la Costa Brava -vía turismo, una de las primeras fuentes de ingresos del país-, cuyo estado es, salvo gloriosas excepciones, simplemente deplorable.
No ignoro que existe el problema -introdu-cido por el nacionalismo español de toda la vida- de la constitucionalización de la provincia. Pero, con o sin la referencia de la división de la Generalitat republicana de 1936, ha de iniciarse el camino de la descentralización. Y no sólo mediante instituciones unipersonales, siempre controlables, por teléfono, desde Barcelona. Las diputaciones, por tanto, no pueden ser borradas del mapa, sino adecuadas a la nueva circunstancia, incluso con poderes decisorios significativos en determinadas materias. Y olvidémonos de las comarcas.El problema del señor Maragall es más complicado, porque -ahí están los llamados capitanes, siempre avaros del control del partido- no dispone de tanta capacidad de maniobra. Y el empeño que se le exige es difícil: la definición clara, más allá de los típicos -y tópicos- equilibrios termino-lógicos, del encaje de Cataluña en el Estado.
No va a ser suficiente que se hable de federalismo, ni tan sólo de federalismo asimétrico, expresiones doctorales que nadie está de acuerdo en lo que quieren decir. Habrá que definir claramente, en cambio, cuál ha de ser el marco competencial, impuestos incluidos, al que se aspira y ello, mediante la negociación directa. Es decir, habrá que dejar muy claro que una cosa es el autogobierno aquí y ahora, y otra la reivindicación ideológica de una reforma general del Estado. Que, hoy por hoy, es una pura entelequia.
El planteamiento no es nada sencillo y, si se me permite parafrasear al señor Fages de Climent, poeta ampurdanés ilustre, "déu ens do la reivindicació justa". Porque el señor Maragall, si se me tolera la broma, está en una cama de matrimonio con una sábana de "llit de monja". Si se escora hacia la dialéctica nacionalista, su discurso puede mantener a aquella abstención específica en su frialdad y, en caso contrario, es posible que el solo argumento del cambio -y precisamente él- a quien acabe de enfriar sea a los nacionalistas de izquierda que en las autonómicas votan al señor Pujol.
El dilema es serio. Pero, en cualquier caso, estamos a las puertas de una interesante contienda electoral, con un debate que, al margen de cuál sea el vencedor, puede marcar un hito en la historia del catalanismo político.
Estoy convencido de que la altura precisamente política -e intelectual- de los contendientes lo hace posible. Esta es, por tanto, su alta responsabilidad.