Nadie duda de que, en el marco de las relaciones con el Estado, el último resultado electoral será un freno notable para el incremento del autogobierno. Comenzando por la obtención de un sistema de financiación menos parasitario. Pero esta es una cuestión ya tratada por activa y por pasiva y, en cambio, partiendo de los resultados habidos en Cataluña, a mí me gustaría hacer otro tipo de consideraciones, ahora de consumo interno.
El punto de partida es el estancamiento que se observa en el voto nacionalista, lejos ya las mayorías absolutas que se obtenían en elecciones autonómicas y que en las últimas generales ha disminuido en 200.000 papeletas. Existe, pues, un cierto distanciamiento entre el mensaje político, incluida la acción de gobierno, y los intereses que mueven hoy a algún sector de la sociedad catalana.
No cabe duda de que la distinta procedencia geográfica y, por tanto, cultural es la primera referencia. Quiérase o no, hay una línea, tenue o no tanto, que precisamente por razón de origen permite distinguir la existencia de dos sectores sociales. Es, por tanto, un hecho estructural, importante ya en las primeras décadas del siglo. Pero, según Anna Cabré en su libro "El sistema català de reproducció", el ritmo de la inmigración era entonces proporcionado y el país estaba en condiciones de asimilarlo. Otra cosa ha sido, en cambio, el alud inmigratorio de los años 60 y 70, ante el que, según la autora, los mecanismos de integración pueden llegar a tener dificultades.
Como es natural, todo esto tiene su impacto político. Lo que ocurre es que la mayor ambigüedad del nacionalismo catalán y la fusión de los distintos socialismos en un PSC controlado por lo que mi colega López Burniol denomina "els nois de Sant Gervasi", han impedido una polarización similar a la que estamos viendo en Euskadi. Con lo que podríamos decir que la fragmentación no se nota tanto, pero existe.
Como existe al menos una segunda referencia que tener en cuenta. Hay, en efecto, otro sector importante de la sociedad catalana, autóctono ahora, situado fundamentalmente en el mundo de la empresa, cuyos intereses económicos se proyectan en buena medida sobre el conjunto del Estado. Y esto es determinante si pensamos que, como es sobradamente conocido, la balanza comercial catalana, deficitaria en su relación con el exterior, deviene netamente positiva -otra cosa es el drenaje fiscal- gracias a sus relaciones de venta y de compra con España.
Como es natural, la primera referencia apuntada, aquel peso político de la inmigración, incide en el marco de la izquierda; la segunda, en el de la derecha. Y, al final, todo mezclado, tengo la impresión de que el país se divide ideológicamente por tres. Un tercio de los ciudadanos es sólidamente nacionalista y, pase lo que pase, vota siempre en este sentido, mientras que otro tercio, a derecha e izquierda, es fundamentalmente españolista, con o sin exageraciones, y vota normalmente a partidos de obediencia estatal. Resta, naturalmente, el otro tercio.
Son los indiferentes en lo que atañe a la organización del Estado y que, por tanto, sin plantearse la menor cuestión de alta definición política, asumen el mantenimiento del sistema vigente, a menos que resulte de toda evidencia que un cambio, siempre un cambio relativo, les habrá de resultar benéfico. Lo primero que importa, pues, es saber quién tiene el poder real y, como hecho emblemático, quién controla la tarifa del IRPF.
Con lo que se puede establecer una primera sugerencia: el argumento sólo nacionalista es indiferente para una parte de la sociedad. Por tanto, si el partido que la formula quiere incidir en este tercer sector social, ha de completarlo con la explicación convincente de las ventajas que, en ámbitos determinantes del nivel de bienestar -como son la ordenación del sistema educativo, la sanidad, la innovación o las redes de comunicación, físicas y virtuales-, ha de comportar el incremento de las competencias autonómicas. Naturalmente, sin subir los impuestos.
Para este sector de la sociedad, en el cual está seguramente una buena parte de la juventud y que debe ser determinante, el voto a favor es, por tanto, una cuestión sólo empírica de "do ut facias". Lo cual hace de todo punto necesario pasar al examen desapasionado de la gestión política. Ver si las cosas se hacen tan bien como sería de desear o si, en cambio, hay aspectos del sistema -por ejemplo en lo que atañe a la eficacia y a la eficiencia de la Administración en su conjunto, incluida su proyección sobre el país y, por tanto, la ordenación territorial de Cataluña- que resultan poco convincentes.
Es la segunda sugerencia, pues, junto a la necesidad de hacer la didáctica de los aspectos positivos de la distribución territorial del poder, el afinamiento al máximo -la forma cómo éste es ejercido diariamente- ha de ser un convincente argumento a la hora de votar. Y viceversa.