Por pocos días, el último proceso electoral autonómico no ha coincidido con el vigésimo aniversario del Estatut de Autonomia. Una efemérides que sería mejor que pasase sin pena ni gloria. Un texto que nació mal, diluye en la generalización del sistema el problema de fondo -el encaje específico de Cataluña en el Estado-, superado y que, en el marco de un Estado normal y no a la defensiva, no tendría que durar más allá de cinco años. Pero Aznar no lo entiende así y, en el fondo, es normal. Él no es el Blair que, llegado el momento, entendió que éstos son otros tiempos y que había llegado la hora de construir una nueva convivencia política en el Reino Unido, y puso en marcha la devolución a Escocia, sin necesidad de generalizar el sistema, Gales aparte.
Pero no es ésta la cuestión. Las cinco legislaturas, con gobierno estable de lo que ha venido en llamarse nacionalismo moderado, configuran un largo periodo de gestión política cuyo objetivo dominante ha sido el restablecimiento de la propia personalidad. Partiendo de dos acciones políticas heterogéneas pero confluyentes: la primera, dirigida a la corrección del impacto causado por la agresión cultural padecida. Su hecho emblemático, la ley de Política Lingüística de 7 de enero de 1998. La segunda, impuesta por la nueva estructura social, tendente a la construcción de la convivencia entre la parte autóctona y aquella otra que, en los años 60 y 70, había venido a Cataluña. Una inmigración cuya magnitud ha puesto de relieve un libro dirigido por Anna Cabré, y que es la que ha permitido que Cataluña -"poble decadent", precisamente a causa de su tasa de natalidad mínima, como ya proclamó Vandellós antes de la Guerra Civil-, en vez de los dos millones y medio de habitantes que tendría por ella sola, rebase hoy los seis.
El punto de referencia legislativo de esta segunda actuación política podría situarse en la organización de un sistema único de enseñanza no universitario, evitando la fractura social, tendente, por tanto, a la síntesis. Y ello, a través del hecho emblemático del conocimiento al final del ciclo de las dos lenguas, puesto en marcha ya en 1983 por la ley de Normalización Lingüística. Un sistema que, ciertamente, fue objeto de impugnación, pero abonado al final por el Tribunal Constitucional en sentencia de 24 de diciembre de 1994.
Pero, ¿y más allá? Desde luego, está la labor normal, diaria, de gobierno y, pese a la dura resistencia del centralismo estatal, todo un proceso de lento incremento competencial. Todo ello, en medio grandes penurias de financiación que, habida cuenta de las demandas incesantes de una sociedad en franca expansión, ávida de bienestar, han llevado a un endeudamiento notable. Pero esto, aunque pueda parecer una paradoja, es la normalidad, partiéndose como se parte de un texto estatutario como el vigente, que permite el expolio fiscal que Cataluña viene soportando, presupuesto tras presupuesto.
La cuestión, en cambio, es ver si, en lo tocante a la gran estructuración interna del país, se ha hecho todo lo que cabía esperar. Y aquí me parece que la respuesta no puede ser positiva. Por una parte, habría que ver si el diseño de la Administración autonómica ha sido el más acertado, incluida la selección del personal. Pero, al margen de este aspecto, que es ciertamente opinable, lo tangible es que ni con tres legislaturas de mayoría absoluta se ha intentado el tratamiento de dos problemas básicos para el buen gobierno del país: su división territorial, superando el rabioso centralismo barcelonés actual, y la promulgación de una ley electoral catalana que evitase la reiteración, elección tras elección, de las cuatro circunscripciones monstruo.
El drama es que, habida cuenta del mapa parlamentario a la vista, es muy posible que ésta acabe siendo una legislatura perdida para cuestiones de tanta envergadura, cuestiones que hay que tratar sin demora si lo que busca la clase política es el buen gobierno de la cosa pública. Y el caso es que en la campaña los dos candidatos principales se han llenado la boca con la conveniencia de aquella ley electoral y de aquella división administrativa. A partir de aquí, el señor Pujol tendría una oportunidad de oro para culminar con buena nota una labor política que, cualquiera que sea la valoración de conjunto que cada cual quiera hacer -alta perspectiva histórica-, entiendo que habrá sido la más importante del siglo XX catalán, al lado de la de Prat de la Riba. A su vez, el señor Maragall podría esperar su turno con dos grandes problemas resueltos. Restaría el tercer punto ineludible: el de la financiación autonómica, donde me parece que unas cuantas reuniones entre el señor Artur Mas y el señor Antoni Castells, dos hombres empíricos y de mente abierta, podrían hacer milagros. En definitiva, diseñar una posición compartida, cara a la reforma de la Lofca, el año 2002.
Pero hay motivos serios para el escepticismo. La coalición nacionalista tiene ante sí el arduo problema de la sucesión, la de su misma continuidad y, en medio del festival de codazos que se avecina, no va a ser fácil concertar puntos de vista cuando, además, se tocan cuestiones tan sensibles como el mapa electoral -todo el mundo se sienta a dialogar con los números hechos- o la distribución territorial del poder, aunque éste sea de segundo nivel.
¿Y el señor Maragall, qué? Su pirueta inicial, poniendo en duda el resultado electoral -cosa que no ha hecho estos días la ultraderecha suiza, en un caso comparable-, seguida del original ofrecimiento para la presidencia de un gobierno técnico de transición a la espera de unas nuevas elecciones, abren un gran interrogante. Pero aquí hay que contar con el séptimo partido. Me refiero a este partido quizás fugaz, instrumental, que forma, junto al PSC, la segunda coalición de la Cámara, con personalidades independientes de notable relieve; alguna, gran especialista en la materia. Me resisto a creer que hayan bajado a la arena política simplemente para desempeñar un papel pasivo, dejando pasar con más pena que gloria su primera singladura política colectiva.
En otras palabras, ¿estarán dispuestos los Ciutadans pel Canvi a ser, al menos en buena parte, la referencia de la sexta legislatura?