Conocí a Enric Argullol con ocasión de la reinstauración por el president Tarradellas de la Comissió Jurídica Assessora. Era, joven aún, uno de los valores ascendentes en el ámbito, hasta entonces relativamente escaso, de nuestro derecho público y aprendí mucho cuando compartí con él -y con el magnífico Josep M. Vilaseca Marcet- la ponencia del dictamen que el president encargó a aquel organismo sobre el entonces proyecto de Estatuto, que, dicho sea de paso, no le gustaba nada en algún aspecto que, naturalmente, ahora no es el caso de comentar. Después, vino su carrera académica que, por harto conocida, no voy a describir. Porque mi objetivo es otro: hacer unas breves consideraciones sugeridas por la lectura de su libro "Criteris per a un desenvolupament institucional", de reciente aparición, que es un ejercicio de rigor y sobriedad, marca de la casa.
Se trata de un planteamiento global, de carácter didáctico, de lo que podríamos llamar el posibilismo autonómico. Por tanto, un estudio panorámico de cuáles podrían ser las fórmulas al alcance, si de lo que se trata es de incrementar el autogo-bierno sin entrar ni en la reforma constitucional -cuya complejidad queda sobradamente demostrada- ni tampoco en la estatutaria. En definitiva, un exponente de lo que algunos -quizás para elevar el rango intelectual de la actitud- definen, a estas alturas del siglo XX, como la continuación del pactismo.
Esta consideración, naturalmente, no es del autor del trabajo. Pero este pretendido segundo pactismo no tiene nada que ver con el de verdad. El pactismo era un determinado estilo de hacer política que fue característico -no exclusivo- de este país y que era otra cosa muy distinta. Se plasmaba en un acuerdo entre el soberano y los sectores más poderosos de la sociedad, los cuales, por ejemplo, accedían a la financiación de una empresa de expansión o defensa en la que aquél estaba empeñado y que, desde una perspectiva distinta, también convenía a los intereses de los segundos. Naturalmente, cada parte cedía algo. El soberano, poder, y los súbditos, los recursos que aquel necesitaba, a cambio -"do ut des"- de un incremento de su situación social y económica.
El núcleo del pactismo era, pues, la confluencia de intereses. Un ejemplo: cuando en 1284 Barcelona se muestra dispuesta a cooperar con Pere II en la conquista de Sicilia, ciertamente obtiene a cambio el privilegio del "Recognoverunt Proceres", un paso determinante en la organización del municipio. Pero, además, el sector ciudadano que controlaba el floreciente comercio marítimo, el cual, en el anterior gobierno de Jaume I, había obtenido ya un estatuto propio con las ordenanzas de la Ribera, debía estar muy interesado en una empresa que pretendía nada menos que el control de la isla que dominaba el paso al Mediterráneo oriental, entonces la ruta de las especias.
Si esto es así, el contraste es claro. Porque, ¿qué coincidencia de intereses puede existir entre el nacionalismo catalán, que pretende un autogobierno en serio, y los sectores -políticos, financieros, funcionariales, mediáticos- instalados en el control de los resortes del poder central? Pero, además, en otra perspectiva, las posiciones políticas desde las que las dos partes mantienen ahora el diálogo, cuando éste se da, no son de la misma entidad. Y es precisamente este desnivel político lo que, en una perspectiva empírica, obliga al nacionalismo a la actitud posibilista.
Evidentemente, esto no es pactismo sino pura y simple negociación política. Una negociación que -si realmente ha de llegar al fondo del fondo del problema- necesariamente habrá de ser dilatada en el tiempo, según se deduce de la reseña de las distintas vías de incremento competencial que el profesor Argullol nos explica. Desde una nueva interpretación de la Constitución y del Estatuto a reformas legislativas específicas, pasando por el uso del artículo 150 del texto constitucional o la reelaboración del concepto de normativa básica.
La complejidad del proceso y, por tanto, el escepticismo con que ha de ser contemplado, me ratifican en el convencimiento de que, vista la cuestión desde aquí, el fracaso del sistema del título VIII de la Constitución es irreversible. Es decir, al cabo de veinte años de interpretación estatalista de los textos fundamentales, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al frente, es muy difícil volver el calcetín del revés. Por eso, sin perjuicio de continuar en el ejercicio actual de la reivindicación de tal o cual competencia, como complemento ineludible del razonamiento, el nacionalismo catalán que ha venido en llamarse moderado no puede demorar por más tiempo la definición, al menos en sus líneas generales y con la provisionalidad que siempre han de tener estas tomas de posición, de cuál debería ser, a su criterio y en la perspectiva actual, el encaje institucional de Cataluña en el conjunto del Estado. Partiendo de dos consideraciones:
a) Hoy por hoy, el futuro de este país no pasa por la independencia. No porque ésta no sea viable económicamente, sino porque no tiene margen en las reglas del juego de la Unión Europea. Y en este sentido, no se puede olvidar que, como puso de relieve el año pasado el Tribunal Supremo de Canadá en su sentencia sobre la autodeterminación de Quebec, el ejercicio de ésta al más alto nivel resulta un ejercicio arriesgado si no se dispone del complementario reconocimiento internacional.
b) Pero, en cierta manera en la dirección contraria, la dinámica institucional empieza a moverse en Europa en el sentido de la distribución territorial del poder, y aquí el caso de Escocia es una referencia que habrá de ser contemplada con suma atención.
Creo que se trata de una inercia imparable, entre otras razones porque está en la raíz misma de la democracia. Y que, en estados no uniformes, como es el caso de España, con territorios diferenciados de fuerte personalidad cultural y notable empuje económico, como es el de Cataluña, apunta inevitablemente en un sólo sentido: la ordenación de un amplio marco de autogobierno no dependiente y, por tanto, de alto contenido político.
Por esto precisamente estoy convencido de que éste es un objetivo al que -cuando decida abandonar este castillo de fuegos artificiales que es el federalismo, simétrico o no, pero en el que nadie cree- acabará apuntándose también el socialismo catalán, requisito sine qua non para que la reivindicación institucional alcance toda su potencialidad. Por una serie de razones que ya no tengo espació suficiente para explicar.