Entrar o no entrar; naturalmente, el nacionalismo catalán que hemos dado en llamar moderado y en el gobierno del Estado. Por lo visto, para algunos ésta ha sido la cuestión, hasta que el señor Aznar ha publicado su lista de ministros, dos de ellos ciertamente catalanes. Lo cual ha invitado a la reformulación a posteriori de la pregunta, naturalmente, ya como mera cuestión dialéctica.
Ahora bien, ¿hasta qué punto se trata de una pregunta pertinente o, simplemente, estamos ante otra forma elegante, siempre instructiva de perder el tiempo? Yo, al menos, me resisto a creer en la realidad del ofrecimiento, requisito sine qua non para la pretendida entrada. En primer lugar, la mayoría absoluta hacía innecesario el pacto y, segundo, me parece evidente que los designios catalanes del señor Aznar o, si quieren ustedes, la estrategia del Partido Popular en Cataluña, van por otros derroteros.
La historia parlamentaria de este país nos enseña que las sucesivas mayorías absolutas que desde 1982 obtuvo el Partido Socialista se sustentaron, en buena parte, en los óptimos resultados electorales obtenidos en Andalucía, en el País Valenciano y en Cataluña. El señor Aznar sabe que estos tres territorios han de ser ineludiblemente sus grandes objetivos políticos y, controlado el segundo de ellos de manera evidente, restan los otros dos. Por tanto, Cataluña.
Y aquí es evidente que el gran problema del PP ha sido siempre de imagen y, por ende, de liderazgo. Sus posibilidades serán siempre limitadas si sus hombres en Cataluña son, o políticos radicalmente enfrentados a aspectos culturales que configuran la realidad diferenciada -la cuestión lingüística-, o personas honestas pero ajenas al sistema socioeconómico dominante.
Por tanto, siempre en la dirección expuesta, había que cambiar radicalmente la imagen y, desde mi punto de vista, ésta es la razón que explica la captación de personalidades significativas, de evidente arraigo en el país, que, ideológicamente, igual pueden estar en las filas del Partido Popular o en las de Convergència. Y si proceden del PSUC, mejor aún, como el señor Piqué, que era presidente del Círculo de Economía cuando accedió al ministerio, o ahora la señora Birulés, de un currículo empresarial impecable.
En cualquier caso (punto central del razonamiento), en la línea de la nueva estrategia del PP en Cataluña, el primero ha acabado dándose de alta como militante. El hecho era ineluctable, pues su perfil encaja en el objetivo final: que un hombre perfectamente relacionado, muy integrado en el ámbito empresarial, acabara encabezando la lista electoral del pasado 12 de marzo. Y será interesante ver qué acaba pasando con la señora Birulés. Todo lo cual es perfectamente normal, e incluso positivo, si, ideologías aparte, el señor Piqué, como responsable de la política exterior, acaba resolviendo la presencia de Cataluña en las instituciones europeas, cuando en éstas se dirimen asuntos que la afectan, o si la señora Birulés, como responsable de la política de investigación, acaba con la discriminación actual, que concentra en muy alto grado los recursos en la capital del Estado.
Pero una cosa es la participación en el Gobierno estatal de ciudadanos de este país que militan en el partido que lo preside -como acaeció en la época socialista con los ministros del PSC- o si actúan a título individual, y otra la integración de miembros de un partido político que tiene unos planteamientos programáticos propios, notablemente distintos de los del partido gobernante, nada menos que en lo que atañe a la concepción del Estado.
Lo cual no quiere decir que esta participación no sea perfectamente posible. La defendí en estas páginas en 1993, cuando el Partido Socia-lista ganó por última vez las elecciones, por vez primera con mayoría sólo relativa. En tal circunstancia, era perfectamente posible que el nacionalismo catalán forzara el pacto conveniente. Sin embargo, no fue ésta la opción escogida; se optó por la presión desde fuera y, en realidad, visto el final catastrófico de aquella legislatura, la abstención resultó conveniente al final.
En cualquier caso, sin embargo, por definición, aquella participación de un partido político minoritario en un gobierno controlado por otro partido, con o sin mayoría absoluta de éste en el Parlamento, no puede ser gratuita: presupone un pacto. Y ello, en el eventual acuerdo entre populares y nacionalistas -para citar tres ámbitos que me parecen ineludibles-, habría supuesto tanto como prefigurar las grandes líneas del nuevo sistema de financiación autonómica, comprometer un plan de infraestructuras que compensase el déficit actual -El Prat inclui-do- y asegurar una presencia conveniente de Cataluña en el ámbito de las nuevas tecnologías.
A mí me costaría mucho compadecer estas pretensiones con el contenido, incluso el tono, del discurso de investidura del señor Aznar, plenamente en la línea de su campaña electoral y de su concepción nacional del Estado. En definitiva y en otras palabras, con la mayoría absoluta en la mano, yo no creo que haya existido ningún ofrecimiento en serio para una entrada del nacionalismo catalán en el Gobierno, que sólo sería concebible en un marco de magnanimidad que me parece incompatible con la política real. Entre otras razones porque, como he dicho, la política catalana del señor Aznar transita por otros caminos.
Por tanto, de momento, dejémonos de especulaciones y veamos con atención qué es lo que pueden hacer el señor Piqué y la señora Birulés desde dentro. Concretamente, si, llegado el momento, su integración en el equipo del señor Aznar hace posible que, en el año 2002, se consiga un sistema de financiación adecuado. Ésta será, sin duda, la verdadera piedra de toque; en otras palabras, será entonces y sólo entonces -natu-ralmente, si el sistema resultante corrige el actual marco de expolio fiscal- que la eventual entrada, siempre debidamente negociada, cobrará su verdadero significado.
Todo lo demás, aquí y ahora, me parece que es hablar por hablar y, en último término, postular por una quimérica entrada en el Gobierno con una mano delante y otra detrás.