La interrupción de la tregua de ETA y su coincidencia con la consolidación del proceso de paz en el Ulster plantean dos contrastes que merecen un comentario. El primero es notorio: el proceso irlandés es impulsado por Tony Blair, precisamente desde Londres, desde la capital que pierde el control de la situación política. Y en el marco de una sorprendente reordenación de un Estado unitario, el Reino Unido, que, con las "devolutions" a Escocia y al País de Gales, se inicia casi al día siguiente del triunfo laborista en las últimas elecciones al Parlamento de Westminster. Con algunos aspectos que no pueden ser omitidos: en primer lugar, el uso del término devolución equivale a restitución de lo que se había quitado indebidamente. Pero, en segundo término, precisamente porque indica que nos movemos en el marco de la composición esencial del Estado, la devolución no puede generalizarse. Por tanto, tiene lugar con mesura y sólo en cuanto a territorios con personalidad cultural propia.
Es cierto que, como compensación, la concesión de la autonomía política al Ulster ha coincidido con la renuncia de la República de Irlanda a la soberanía sobre la provincia. Pero no nos engañemos: ha quedado claro que ello no supone la exclusión de una eventual unión, si esta se produce algún día por vía democrática. En definitiva, por la voluntad soberana de la sociedad norirlandesa, en el ejercicio del derecho a la autodeterminación, que, al final, deviene el gran punto de referencia. Porque, ¿alguien querrá negar que esta posibilidad existe, evidentemente dentro de algunas décadas? La referencia está a la vista, en la dura oposición de los unionistas radicales del señor Paisley, que intuyen que el proceso puede acabar en la fusión política entre el norte y el sur de la isla. Y esto lo sabe también Tony Blair.
Pero lo más curioso -segundo aspecto que quiero subrayar- es que aquella renuncia a la anexión del Ulster, con la correspondiente modificación del texto constitucional, ha dejado indiferente a la sociedad concernida. Los irlandeses del sur, embarcados en su expansión económica, fruto de su hábil fórmula de integración en Europa, han continuado, indiferentes, los preparativos de las próximas fiestas navideñas. ¿Quién hubiese podido imaginar esta reacción -en definitiva, esta indiferencia- diez, veinte años atrás?
Desde luego, nada que ver con lo que aquí está ocurriendo desde que ETA anunció su alto el fuego. Para el Gobierno, el problema no es de fondo: es una cuestión de política penitenciaria y lo único que importa es el ritmo de acercamiento de los presos al País Vasco. Sin embargo, el propio Gobierno sabe que esto no es así. O, lo que es igual: José María Aznar, al revés de Tony Blair, es incapaz de anticiparse a unos acontecimientos que, agraden o no, son ineluctables y prefiere -muy carpetovetónico- seguir conduciendo al país con la vista puesta en el retrovisor. Es la reticencia endémica de la política española a la hora de reconocer que el gran problema de este país no es otro que el de la correcta definición de sus componentes. Y, a renglón seguido, el del encaje recíproco en el marco político general. El contraste es tanto más notable por cuanto Europa -que era la última coar-tada- resulta compatible con las demandas nacionalistas y es evidente que, además, el principio de subsidiariedad, proclamado solemnemente en los textos comunitarios, abona la distribución territorial del poder.
Y la realidad lo constata, porque es lo cierto que la reivindicación está apareciendo con fuerza en ámbitos europeos hasta ahora poco imaginables. Es decir, acto seguido de aquella espectacular regionalización del poder en la Gran Bretaña, estamos contemplando cómo la dinámica acaba de entrar nada más y nada menos que en la política francesa, cuando el señor Jospin se ha declarado dispuesto a iniciar conversaciones con los líderes nacionalistas de Córcega. Y después vendrá, sin duda, Italia. Pero entonces alguien se sorprenderá del discurso y recordará que la distribución territorial del poder existe aquí desde la Constitución de 1978, en su artículo 2 y en su título VIII, y desde los diecisiete estatutos de autonomía.
Pero es precisamente este número, el 17, el que crea la disonancia, porque en la perspectiva que nos ocupa ocurre como en el jue-go del siete y medio, donde el riesgo es que te quedas corto o te pasas. Y aquí las fuerzas políticas estatalistas, conscientemente, se pasaron.
Todos sabemos que la proliferación de los estatutos de contenido político, que batió el récord con el invento de la autonomía de Madrid, no tenía otro objetivo que la neutralización de las dos cuestiones políticas de fondo: las de Cataluña y del País Vasco. Pero las cosas son lo que son, especialmente si lo que quiere negarse es la evidencia. Al final, pues, los problemas reales acaban reapareciendo siempre, agravados, en la superficie. El vasco, más dramáticamente, el catalán, de manera más sosegada, pero con un ritmo interesante en estos últimos tiempos.
Porque, al lado del nacionalismo declarado, que dirige el señor Pujol, está emergiendo el nacionalismo tácito, aglutinado por Pascual Maragall, que, si bien usa una terminología distinta, tributo inevitable a su componente socialista y habla de federalismo asimétrico, persigue el mismo objetivo: más recursos fiscales y mayor poder político. El establecimiento de una zona de encuentro, pues, parece no sólo recomendable, sino incluso ine-vitable. En la perspectiva del nacionalis-mo de Jordi Pujol, por pura coherencia histórica. En la de Maragall, por razones de prospectiva política, si realmente aspira a presidir la Generalitat con garantías de eficacia -recursos financieros y competencias- en la próxima legislatura catalana, o cuando toque.
Con lo que me parece que vienen tiempos complicados para un nacionalismo español a la defensiva. Encasillado en una dialécti-ca anticuada, que, por boca nada menos que del presidente del Gobierno, acaba de confundir el País Vasco con Kosovo. Y es que este país no ha dado aún con el político pragmático y con suficiente sentido del humor para hacer el diagnóstico correcto. En el fondo, porque la sociedad española, bombardeada por unos medios de comunicación identificados con el control central del poder y que ven el hecho autonómico como un mal menor, está lejos de aquella actitud neutra de los ciudadanos irlandeses ante la reforma de su Constitución.
El hecho es tanto más grave por cuanto, en realidad, mientras las balanzas comerciales de Cataluña y del País Vasco con el resto del Estado sean las que son -es decir, mientras arrojen el superávit actual-, la fractura no está a la vista.