Por tercera vez, después de la ruptura de la tregua, ETA ha vuelto a atentar, y a pocos días de las elecciones. El objetivo era evidente: hacer acto de presencia en el marco de un proceso que es, sin duda, el más significativo en el desarrollo normal de cualquier sistema democrático. En definitiva, introducir una nota de anormalidad que hiciese patente que el problema vasco no podrá solucionarse -y debe ser verdad- sin el concurso de la organización terrorista. Esta es la gran cuestión. De hecho, ETA ya debió de influir en la redacción de la Constitución, o al menos para mí la referencia es clara. El texto de 1978 establece dos grados de diferenciación política, el primero de los cuales iba destinado sólo, después ha pasado lo que ha pasado, a los territorios que el artículo 2 califica de nacionalidades. Pero sin identificarlos.
Si uno constataba que, en el marco de lo que el artículo califica nada menos que de "patria común e indivisible de todos los españoles" había tres territorios con un hecho cultural diferente -aunque con intensidades no idénticas-, que, además, se encontraban en el caso previsto en la disposición transitoria segunda de la propia Constitución, cuyo texto establecía un régimen especial de acceso a la autonomía para "los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía", la solución del nuevo enigma era elemental: la hipótesis sólo se había dado durante la Segunda República y en Cataluña, Euskadi y Galicia.
A partir de aquí, ¿hasta qué punto ETA, desde la lejanía, no influyó en la introducción en el texto constitucional del segundo grado de diferenciación, ahora ya más exclusivo, al reconocer éste, en su disposición adicional segunda, los derechos históricos y no sólo el sistema fiscal de concierto, a los territorios calificados de forales, con la vista puesta en Euskadi y Navarra?
Si realmente fue así, la ingenuidad fue evidente, si el objetivo era la disolución del problema terrorista en el marco de una serie de concesiones políticas. Concesiones que incluso llevaron al rápido traspaso de una competencia tan delicada como el orden público, en evidente contraste, por ejemplo, con lo ocurrido aquí, donde está aún en fase de desarrollo y, si se tiene, no es gracias al Estatuto sino a la interrupción del sistema de mayorías absolutas. La causa es conocida: en aquel marco bajo presión exterior, los vascos habían obtenido en la materia un texto estatutario más favorable que los catalanes, pese a que ambos se aprobaron el mismo día.
A la hora de la verdad, aquel marco de concesiones no ha sido suficiente y, a los más de veinte años de la Constitución, es evidente que los privilegios políticos no han bastado para silenciar a ETA. Y si uno tiene en cuenta que, pese a la acción concertada de las policías española y francesa no se ve la salida precisamente policial al problema, ¿cómo puede dudarse de que, a la postre, habrá que negociar de nuevo, ahora de manera directa? Si tomamos como referencia el caso norirlandés, el proceso no será fácil, pero nada habría de impedir, dando una nueva ubicación política a Mayor Oreja, que se iniciara en la nueva legislatura. Admitida la hipótesis de la negociación, ésta, cuando se produzca en esta legislatura o la siguiente, acabará afectando también a Cataluña, pues la negociación no podrá eludir aspectos constitucionales o, como mínimo, estatutarios. Por tanto, habrá que estar preparados para la oportunidad. Vaya por delante que el reconocimiento o no del derecho a la autodeterminación casi me importa un bledo. Guste o no, se trata de un derecho inmanente que, como se deduce de la notable sentencia de 20 de agosto de 1998 de la Corte Suprema de Canadá, recaída en el caso de Quebec, no precisa de un reconocimiento formal previo.
El objetivo ha de ser otro, mucho más empírico: la corrección, con el mínimo desgaste político y social, de las disfunciones de una autonomía como la actual, que mantiene a Cataluña en una marginalidad política decorada, pero marginalidad al fin. En definitiva, a la pérdida reiterada de posiciones, cuyo ejemplo elocuente está en las disfunciones que, por falta de recursos, se detectan ya en dos ámbitos tan decisivos como la enseñanza y la sanidad. Por no hablar de la cuestión vital de las infraestructuras que, por lo visto en el día a día, no puede resolverse sino es con el uso dócil, resignado, del puente aéreo.
Y, si faltaba un punto de referencia, ahí está el estudio encargado por el conseller Mas a la Universidad Pompeu Fabra que, para 1998, calcula una detracción de fondos del orden de 1.200.000.000.000 pesetas. No puede negarse, pues, que la construcción de un sistema de financiación suficiente y administrado desde aquí, con amplia capacidad normativa, es vital para Cataluña. Pero ésta es una cuestión que, con ETA o sin ella, se planteará de manera natural, porque el día 1 de enero del 2002 toca la entrada en vigor de la nueva versión de la Lofca, ley que regula la financiación autonómica.
Para lo que hay que estar preparados es para conseguir que, llegado el momento dulce, el trato tenga lugar sobre cuestiones de fondo y, muy importante, con nuestra presencia. Evitando que, cuando se pongan sobre la mesa aspectos relativos a la organización del Estado, cosa que lógicamente habrá de ocurrir, el proceso se limite al problema vasco, partiendo de la base de que el marco autonómico catalán es algo que quedó ya resuelto en 1979.
La disponibilidad ha de presuponerse en las fuerzas nacionalistas. En cuanto al PSC, es evidente que tendrá ante sí una oportunidad de oro para avanzar hacia su autosuficiencia en la relación con el socialismo estatal, lo que no habría de ser difícil, disponiendo ya de la fórmula "ad hoc": el federalismo asimétrico, concepto difuso que igual vale para un fregado que para un barrido.
Las cosas, por otra parte, podrán hacerse bien, desde un punto de vista técnico. Ahora existen aquí, en efecto, competentes juristas de derecho público cuya colaboración evitará las ingenuidades en que se incurrió durante la negociación del Estatuto en 1979, cuando los políticos, por el mero hecho de serlo, se creyeron, además, sabios. Naturalmente, no se trata de un proceso a fecha fija, pero nadie puede negar la eventualidad de que las cosas se precipiten, por ejemplo, cuando ETA declare su próxima tregua. Entraríamos entonces en una legislatura muy interesante, con el gran objetivo de la consecución de la paz y que, en cierta medida, podría devenir, además, casi constituyente.