Desde mi punto de vista, una de las intervenciones más interesantes de la XVIII reunión del Círculo de Economía, celebrada en Sitges, ha sido la del presidente de la Generalidad valenciana. Me refiero evidentemente a su sugerencia de que Cataluña y Valencia vayan de la mano en el futuro pacto fiscal. Por tanto, en la modificación, el 2001, del sistema vigente de financiación autonómica. Creo, sin embargo, que era una toma de posición esperable. Es decir, aquellos amables lectores que han tenido la atención de leer algunos de los papeles que he publicado en estas páginas habrán constatado que más de una vez he pronosticado que no habría de pasar mucho tiempo para que la reivindicación fiscal de Cataluña se extendiese al País Valenciano y a las islas Baleares. Dos territorios económicamente dinámicos también, situados en este ámbito privilegiado que es el arco noroccidental del Mediterráneo, que, de cara al nuevo marco europeo, no pueden seguir soportando, impasibles, un drenaje de fondos que excede de una aplicación ponderada del criterio de solidaridad.
Los números se han publicado y, por tanto, quedan claros en lo que respecta a Cataluña. Al menos, nadie los ha desmentido desde la capital del reino, naturalmente más allá de afirmaciones genéricas o fuera de contexto, como, por ejemplo, las que, en el mismo foro, obligado sin duda por sus nuevas fidelidades políticas, ha hecho el ministro señor Piqué.
No conozco, en cambio, que se haya llevado a cabo una actividad investigadora similar en el País Valenciano, por ejemplo, desde sus universidades. Pero alguien debe saber los números y nadie mejor situdo al respec-to que el señor Zaplana. Tengo entendido, además, que su sistema de financiación es uno de los más perversos, hay quien dice que a causa de los silencios del Gobierno auto-nómico del señor Lerma, que no habría osado plantar cara a sus colegas socialistas cuando gobernaban, con mayorías absolutas, en Madrid.
Con lo que, al final, es más que posible que la mano tendida sea no tanto un ofrecimiento desinteresado -que no tendría el menor sentido, políticamente hablando- como una solicitud. En definitiva, el señor Zaplana, que es un político hábil que posiblemente acabará de ministro, quiere subir a un tren que ha empezado a ponerse en marcha y que va a un destino que le resulta interesante.
O lo que es igual: el gesto del presidente valenciano, si no le llaman a capítulo y acaba haciendo lo que dicen que hizo el señor Lerma -hipótesis no descartable-, podría tener consecuencias notables. Porque, por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a pasar para que, desde Palma de Mallorca, el señor Matas también quiera subirse al tren? Naturalmente, después vendrá más gente, salvo, como es lógico, los subsidiados.
Su oposición será frontal. La referencia es reciente y está en el discurso que el señor Chávez acaba de pronunciar con ocasión del XIX aniversario del referéndum andaluz, que, según él, nada más y nada menos que determinó el modelo del Estado. Andalucía, ha añadido -y lleva razón-, rompió el sistema privilegiado que algunos intentaban establecer para unos cuantos territorios. La referencia es diáfana, más si se tiene en cuenta que el señor Chávez ha advertido que su región vela por la igualdad autonómica. Con lo que, de una parte, la petición catalana de un nuevo sistema de financiación alcanza todo su significado y, de otra, el discurso del presidente andaluz deviene contradictorio.
Porque resulta que este sistema privilegiado -por seguir con la terminología- es precisamente el que resultaba de la Constitución. Es decir -como es sobradamente sabido, pero, por lo visto, hay que repetirlo-, el texto constitucional distingue entre las autonomías políticas del artículo 152, con asamblea legislativa y tribunal superior de justicia, y las autonomías sólo administrativas, sin asamblea ni tribunal, del artículo 148.
Y nadie habría dudado en 1978, después que el artículo 2 del texto vasco diferenciara claramente las nacionalidades de las regiones, sobre cuáles iban a ser los territorios destinatarios de la primera fórmula o, en la terminología del señor Chávez, del privilegio. Pero el esquema diseñado en el título VIII se rompió desde el centro con una finalidad concreta. Es decir, después del referéndum andaluz y del 23-F, el objetivo ya era otro. El fallido golpe de Estado del señor Tejero propició paradójicamente un renacimiento patriótico y, por tanto, la necesidad de neutralizar las autonomías de Cataluña y del País Vasco. El método elegido fue doble: de una parte, la generalización autonómica, que es evidente que no resulta de la Constitución -basta con leer las palabras iniciales de su artículo 143-; de otra, la organización de todas las autonomías como autonomías políticas. Pero una manipulación de esta entidad no puede ser inocua en lo que concierne al futuro del sistema. La razón es clara: implica una vulneración del pacto o, dicho de otra manera, la Constitución que se ha aplicado a partir de entonces ya es otra Constitución. El corolario, por lo tanto, es claro también: dado que es imposible volver al punto de partida, el valor de la Constitución, en lo que hace referencia a la organización del Estado, por tanto, su título VIII, ha de ser relativizado.
Será asumible mientras pueda servir a las expectativas que, a partir de su redacción inicial, se crearon en Cataluña. Y, en este sentido, es indudable que la cuestión de la financiación, con o sin el señor Zaplana, será un buen punto de referencia. En otro caso, habría que ir pensando en el diseño de otro marco político. Nada nuevo. Se trataría de seguir en la busca ya secular de una nueva fórmula que, al final, asuma de manera franca la realidad estructural del Estado.
En definitiva, el catalanismo político se ha movido siempre en esta dirección. En el siglo XIX estuvo en el punto de partida de un ejercicio didáctico que intentaba demostrar pacíficamente que, en contra de lo que pretendía ya la Constitución de 1812, España no era un país único. Y en la historia de nuestro siglo XX, ahora ya junto al nacionalismo vasco, la dialéctica ha continuado.
Lo que ocurre es que la receptividad desde esta concentración del poder político, burocrático y financiero que es la capital del rei-no ha sido siempre descriptible. Y, sin embargo, sin caer en el aspaviento que afirma que hay que catalanizar España -que siempre me ha parecido, incluso por sus connotaciones unamunescas, una chorrada-, mientras exista margen hay que dar al diálogo una últi-ma oportunidad. Entre otras razones porque la otra vía exige un consenso interior que, de momento, es evidente que no ha sido formalizado.
Y es precisamente en este contexto en el que, oportunamente, el presidente Pujol ha pronunciado su conferencia de Esade. Naturalmente, merece un comentario aparte.