Hace unos días, las grandes cuestiones eran, primero, saber si el presidente del gran banco y el de la gran compañía de telecomunicaciones que han optado por el intercambio de acciones se habían puesto en contacto, antes del anuncio en la gran junta general, con el presidente del Gobierno y con el ministro de Economía. Y, segundo, si la respuesta a esta pregunta era afirmativa, con qué antelación.
Es evidente que la primera respuesta había de ser afirmativa; la segunda, era relativamente irrelevante. En realidad, la cuestión de fondo era otra: cuál había sido el objetivo de la reunión, que indudablemente existió. Si la petición, si no de la autorización, al menos del beneplácito o, simplemente, la participación de un hecho consumado; por lo tanto, en este segundo caso, una cuestión de cortesía entre poderosos. Que es, sin duda, lo que acaeció.
O, dicho de otra manera, estamos ante un exponente ciertamente notable, muy relevante, del proceso de desapoderamiento del estado-nación, que, más que en el campo político, se sitúa en el del poder real; por tanto, en el marco de los grandes movimientos económicos. El hecho es importante, por cuanto es notorio que, también en aquel marco político, la erosión del poder es evidente.
Y aquí es ya un lugar común aportar al razonamiento la erosión que aquel sistema de organización política consolidado -en España es un decir- en el siglo XIX está experimentando, al menos en la Europa en la que nos ha tocado vivir. De una parte, por encima de cada Estado, a causa de su integración en la construcción de la Unión Europea; de otra, en su interior, a través de la dinámica imparable de distribución territorial del poder político.
No cabe duda, por otra parte, de que el primer aspecto va a tomar un sesgo relevante dentro de pocos años, cuando las dos ampliaciones a la vista hagan llegar el número de miembros a 28. Más si se tiene en cuenta que seis de ellos deben su existencia actual al ejercicio del derecho a la autodeterminación: los tres estados bálticos, Chequia y Eslovaquia, y Eslovenia.
No es extraño entonces que, a la vista de este panorama que se avecina, un político como el señor Delors, hombre culto y, como corresponde, jacobino de pro, haya puesto el dedo en la llaga y, sobre la mesa, la conveniencia de tomar las precauciones del caso. Quedan lejos en el tiempo las reuniones a seis de la primera etapa; se trataría, pues, de orientar la nueva ordenación de las instituciones europeas, en especial el Consejo y la Comisión -el Parlamento más bien produce pavor-, al objeto de hacer posible un núcleo duro, integrado por los grandes estados-nación, que, en la medida de lo posible, tratarían de tenerlo todo atado y bien atado.
Pero no creo que, a la corta o a la larga, haya forma de parar aquella dinámica de distribución territorial del poder, que, hoy por hoy, desaparecidas las fronteras y con una moneda única, hay que simbolizar en el control de los impuestos. Una distribución territorial que, como he dicho más de una vez en estas mismas páginas, es la esencia de la democracia y que viene empujada por el progreso cultural -la gente comprenderá cada vez menos que no sean sus instituciones inmediatas las que administren sus impuestos- y por el deseo general de bienestar, que reclama cada vez más recursos.
Lo que ocurre es que, volviendo al punto de partida, esto es sólo una parte del problema -la que concierne al poder político- y, en la realidad, existe además aquel segundo poder, el económico, que, a la larga, puede acabar siendo el primero. Por tanto, el objetivo final no se habrá conseguido si aquella distribución territorial del poder político no viene acompañada de la existencia en Barcelona de un centro de toma de decisiones económicas. Y esta es, visto el problema desde Cataluña, la otra gran cuestión.
Porque, si dejamos de lado el gran esfuerzo que ha hecho en estos últimos años "la Caixa", alcanzando una presencia notable en algunas compañías estatales de primera línea, la realidad es la contraria; es decir, la salida fuera de Cataluña, para instalarse en la capital del Estado, de centros de decisión de sociedades hasta ahora radicadas aquí. Y es que aquel poder económico es centralista también y tiende a reproducir, en la capital del Estado, el núcleo central del poder político.
Si completamos el razonamiento y constatamos que en este núcleo central se radican también los exponentes más significativos del poder mediático, tendremos la explicación nítida de la reticencia con que, desde todos los estamentos que integran el nacionalismo español, se contempla lo que el director de este periódico, en su reciente intervención en el Club Siglo XXI, en Madrid, ha puesto de nuevo sobre la mesa: la relación especial con Cataluña.
Porque, con todas las limitaciones del caso, el punto de partida de todo el proceso -incluida la consecución de un efectivo poder económico- es el incremento del poder político.