Desde mi punto de vista, el único hecho relevante de la última minicrisis en el Gobierno de Madrid ha sido la salida de la señora Aguirre del Ministerio de Educación y Cultura. En realidad, a uno le costaba entender que un departamento tan determinante para el buen funcionamiento, actual y futuro, de la sociedad, estuviese en manos de una señora perfectamente respetable como jugadora de golf, pero que en su itinerario ministerial sólo se ha hecho notoria por sus despistes precisamente culturales. Es pensable que las cosas van a cambiar con el señor Rajoy. Al menos si uno tiene en cuenta la sólida formación jurídica presumible: se trata nada menos que de un registrador de la propiedad, y esto es cosa seria.
Los registradores son gente importante. Lo que ocurre es que llevan a cabo su tarea casi solos, en el interior de sus oficinas, sin demasiado contacto directo con lo que es la realidad palpitante de cada día. Es decir, la gente tiene trato directo con su abogado o con su notario, con el que, pagando naturalmente, puede hablar de tú a tú. El registrador de la propiedad -que también tiene a su cargo el Registro Mercantil- es, en cambio, otra cosa. Trabaja sin otros interlocutores que los papeles que le son presentados para que, si reciben su beneplácito, alcancen el gran objetivo deseado: el trámite de la inscripción.
Su poder, por tanto, es notable, entre otras cosas porque, además, uno puede cambiar de abogado o de notario, pero no puede cambiar de registrador. Es lógico por tanto que, al final, el ciudadano acabe teniendo para esta figura jurídica, casi misteriosa, un respeto reverencial. Naturalmente, esta posición tan elevada, casi por encima del bien y del mal, comporta un riesgo: que uno acabe confundiendo la realidad con los papeles e, incluso, que acabe creyendo que éstos son la realidad. Pero esta es otra cuestión y el señor Rajoy, que hace ya bastantes años que está en la política, excedente, por tanto, de su función registral, ofrece una garantía adicional: es gallego.
El caso es que necesitará todos los recursos que ello presupone, a la hora de afrontar con éxito la compleja tarea que tiene ante sí. De una parte, en el ámbito de la enseñanza no universitaria, donde la puesta en marcha de la nueva normativa es un tren que, salvo quizás en Cataluña, no acaba de arrancar. Por no citar el problema inventado de las Humanidades, que la señora Aguirre, al parecer, contemplaba aún en la perspectiva de la España una, grande y libre, cuando es así que este país hace mucho tiempo que ha dejado de ser grande, hace muy poco que es libre y nunca ha sido uno.
Y, por si esto fuera poco, ahí está el problema arduo de la universidad, en el que, por ejemplo, la ministra saliente no ha podido sacar adelante la reforma del profesorado. Pero donde, en una época -que ya es la presente- de recursos financieros escasos, cuando lo importante es reducir el gasto público, el problema más serio será el del gobierno de la institución. En definitiva, la buena gestión de la autonomía universitaria.
Hasta ahora, más o menos, hemos podi-do ir tirando en un ambiente de presupuestos incrementalistas, que ha permitido jugar a la ignorancia de los problemas de fondo. Los progresos han sido evidentes, pero las resistencias a una gestión más profesionalizada han tolerado la persistencia casi intacta de todos los corporativismos del caso, con el costo financiero que esto comporta. El de los profesores, el de los estudiantes y el del personal administrativo, a los cuales el sistema ha puesto a su disposición una fantástica caja de resonancia: el claustro universitario. La ley de Reforma Universitaria se aprobó en el año 1983, en una época de -si me permiten la expresión- furor democrático, cuando la esencia de todo parecía ser la asamblea. El sistema asambleario, por tanto, devenía la cumbre que había que alcanzar a toda costa si uno quería hacer afirmación de progresía. Y, como resultado, el claustro había de ser el máximo órgano académico. A partir de aquí, la consecuencia era lógica: el rector únicamente podía quedar legitimado si era elegi-do en un marco en el que participasen aquellos tres estamentos. Pero, además, el claustro habrá de reunirse cada año para aprobar o no la gestión.
Las consecuencias negativas del sistema me parecen evidentes en el orden interno. Pero en el externo -en los hechos que se reflejan en los medios de comunicación- las referencias están ahí. Es decir, a guisa de ejemplo, uno de los claustros del ámbito barcelonés ha batido por dos veces el récord mundial en pocas semanas: ha afirmado el derecho de todos los integrantes de la comunidad universitaria, por tanto, también de los estudiantes y del personal administrativo, para ser rector y ha declarado persona non grata a un presidente de Gobierno elegido democráticamente, que había ido a visitar un centro de microelectrónica.
A mi modo de ver, en cambio, las decisiones importantes que requerirán los nuevos tiempos -unos tiempos que, en realidad, ya han empezado- sólo podrán tomarse correctamente en un marco totalmente distinto, más sereno, más reflexivo, mucho menos erosionante para la autoridad del rector.
Lo cual no supone que haya de desaparecer todo control o, en un término más apropiado y menos antipático, la supervisión de la actuación de la primera autoridad académica. Lo que ocurre es que esta supervisión no ha de ser corporativa, sino social. Es, por tanto, la sociedad que, vía impuestos, aporta más del 80% de los recursos de que dispone la universidad, la que, a través del órgano "ad hoc", de manera suave, con el mayor respeto para la autonomía universitaria en la que se integra, ha de colaborar en el buen gobierno de la institución. De una manera más directa en lo económico y, a través del control de la calidad, en lo académico.
Algún día -pró-ximo-, libre ya de todo compromiso universitario, me gustaría comentar más a fondo todas estas cuestiones.
Hoy lo que me corresponde, como ciudadano raso interesado en el buen funcionamiento de una institución de larga historia, de alta categoría intelectual y cuyo buen funcionamiento es vital para el progreso de cualquier sociedad moderna, es saludar con esperanza el nuevo nombramiento.
Diríamos que el Gobierno del Estado -que, nos guste o no, conserva las competencias decisivas en lo tocante al gobierno de la universidad- ha hecho un acto de responsabilidad. Me parece que ahora es el turno de Cataluña. Es decir, con el máximo respeto para las personas, ¿hasta qué punto es lógico que las universidades se rijan aquí desde un co-misionado, dependiente del sobrecargado Departament de Presidència, en el que confluyen tantas materias dispares, de forma que, al final, la institución no está directamente presente en la mesa de reuniones del Govern?
Me parece que lo normal sería su restitución al Departament d'Ensenyament.